18 DICIEMBRE de 2008
El pasado día 10 de diciembre conmemoramos el sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el día de hoy rememoramos la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias.
Denunciamos que, a pesar de que la misma no haya sido ratificada por el Estado español, hoy, 18 de diciembre, en virtud de dicha Convención, es el Día Internacional del Trabajador Migrante.
Las actuales migraciones internacionales surgen en un marco de políticas y economías globalizadoras de tipo neoliberal capitalista, que genera enormes desigualdades e injusticias en los países emisores de los flujos migratorios. No obviamos, en ninguna medida, el protagonismo que en este drama global han ejercido las empresas multinacionales y las corporaciones bancario-financieras, que durante muchos años han expoliado los abundantes bienes y recursos de los países emisores de flujos migratorios.
El modelo se ha estructurado a través de una política de especulación financiera que ha arruinado economías y países, ha establecido créditos e intereses usurarios, ha instaurado la denominada deuda externa (eterna) y ha implantado un tipo de beneficio, fruto, no de una ganancia o salario justo, sino de esta economía de casino y especulación bursátil y accionarial. A ello hay que añadir el dumping que han generado los estados desarrollados estableciendo subvenciones y subsidios a los productos de los países enriquecidos, lo que ha contribuido a arruinar los precios de los más pobres.
Ninguna limitación ha sido dada para esta vorágine de avaricia, por ello también ha venido acompañada de contaminación y destrucción ecológica, y de una imparable carrera armamentística. Ambos aspectos han castigado más si cabe a los estados más pobres del planeta, sumándose al resto de factores anteriores para desbaratar cualquier posibilidad de buena vida de sus habitantes.
Las evidencias de esta imponderable actuación son incontestables: hambre, pobreza, violencia pública y privada, incremento de la desigualdad, corrupción, discriminación de la mujer, deslocalizaciones, expolio y desastre ecológico.
Siendo así, a nadie puede extrañar que el único recurso de subsistencia para millones de personas sea el de la emigración a los países en los que se han reubicado injustamente sus recursos: ni siquiera vienen a reclamarlos, vienen a compartirlos.
Desde nuestro planteamiento todas las personas tienen derecho a tener plenos derechos. Y son los estados y los diferentes organismos internacionales los que deben asegurar que tales derechos sean efectivos. En ese sentido, los estados y otros sujetos internacionales fallan en su función de garantes cuando permiten y generan la ilegalidad de una persona por una mera falta administrativa como es la carencia de documentación, cuando abocan a los sujetos a una situación de indocumentación, cuando crean centros de internamiento para retenerles, o cuando externalizan sus fronteras para impedir el acceso a sus territorios a miles de personas inmigrantes, entre los que se encuentran refugiados y menores…
En todos estos casos la dignidad y libertad esenciales a todo ser humano se ven vejadas, y quienes suscriben este comunicado no se sienten identificados con estas prácticas protagonizadas por estados de derecho. Reiteramos, por ello, nuestro frontal rechazo al más reciente de los instrumentos normativos que ha sido capaz de capitalizar ominosamente los agravios a la dignidad de las personas: la directiva de la vergüenza (Directiva sobre las normas y procedimientos comunes aplicables al retorno de inmigrantes en situación ilegal) aprobada por la Unión Europea en julio de 2008. Consideramos esta directiva, aprobada en un contexto de migraciones globales, contraria a las conquistas protagonizadas por el movimiento obrero internacional.
Expresamos nuestra preocupación por los elementos que se han introducido en los borradores de la nueva legislación de asilo española que, de confirmarse, dificultarían más si cabe la concesión del derecho de asilo a miles de personas que acuden a España y a Europa confiando en su papel de valedores de su seguridad personal.
Asimismo, en reiteradas ocasiones hemos denunciado la concepción utilitarista con la que los estados occidentales han regulado la entrada y permanencia de los/as trabajadores/as inmigrantes. Ello ha supuesto que, en los recientes tiempos de bonanza económica, la mayor parte de la mano de obra inmigrante ha sido destinada a cubrir los mercados laborales más precarios y se ha visto expuesta a una vulnerabilidad muy superior a la de los trabajadores autóctonos, debido a la desregulación de los mercados en los que han sido ubicados. Temporalidad, bajos salarios, escasa promoción, mayores tasas de accidentalidad, alto índice de explotación y trabajo en la economía sumergida, han sido las características de la ocupación a la que estos trabajadores no autóctonos se han visto sometidos.
Dicha concepción instrumental, además, establece múltiples trabas administrativas que no sólo dificultan el mantenimiento de la regularidad administrativa, sino también el acceso a determinadas profesiones (funcionariado, seguridad, en incongruencia, por ejemplo, con el reclutamiento de fuerzas militares) y la posibilidad de promoción laboral a través del reconocimiento y homologación de los títulos académicos.
El trabajador inmigrante ha sido víctima de una discriminación institucional que ha permitido el acceso casi en exclusiva a ese tipo de puestos de trabajo, y que le ha convertido en el eslabón más débil del mercado laboral. La situación de las mujeres inmigrantes ha sido aún más crítica, ya que han ocupado los sectores más precarios del eslabón. A pesar de ello, el enorme crecimiento económico experimentado por Occidente en la última década se ha debido en buena parte a la mano de obra inmigrante que ha trabajado en dichos mercados: han sido decisivos en el crecimiento del PIB, en la generación de puestos de trabajo, en el saneamiento de las cuentas públicas y, especialmente las trabajadoras inmigrantes, en posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en las familias autóctonas y la igualdad de oportunidades de la mujer occidental.
Exponente de dicha visión instrumental de los/as trabajadores/as inmigrantes han sido todos los productos normativos destinados a producir deslocalizaciones en el seno de los estados, como lo fue en su día el intento Bolkestein (Directiva 123/2006/CE); también es instrumental la nueva tarjeta azul destinada, como ya es habitual, a importar trabajadores a la carta, pero ahora cualificados, dada la situación económica de los estados occidentales. Y lo es el aligeramiento del derecho a la reagrupación familiar que pretende ser introducido en la modificación de la ley de extranjería española.
Frente a dicha instrumentalización las organizaciones firmantes recordamos que la igualdad es uno de nuestros valores fundamentales, y por ello consideramos que todos los/as trabajadores/as deben recibir un trato justo e igual, inherente a su dignidad como persona: sus derechos no pueden estar condicionados por la nacionalidad que ostenten, sino por el lugar en que se reside y trabaja. Sólo la igualdad de derechos de todas las personas que conviven en un mismo territorio puede asegurar una integración social efectiva.
Finalmente, las organizaciones abajo firmantes nos congratularnos por la revisión que el Tribunal Constitucional español ha realizado de la ley de extranjería en vigor, declarando que todos los sujetos que se encuentran en España, con independencia de su origen y de su situación administrativa, tienen reconocidos el derecho a la educación, y los de reunión, asociación, sindicación, huelga y tutela judicial efectiva (incluidos justicia gratuita y abogado de oficio).
Por todo lo anterior
Exigimos un sistema mundial justo, mediante un comercio justo y solidario, una política laboral que asegure condiciones salariales dignas y evite desajustes y deslocalizaciones, una política fiscal que redistribuya la renta de forma equitativa, una política social que asegure la distribución equitativa de bienes y servicios, una política ecológica y una política de paz. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad exigirlo.
Animamos a los agentes sindicales a persistir en su lucha social por la justicia y los derechos de los/as trabajadores/as.
Reclamamos al Estado Español la ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias de 1990 así como del Convenio nº 143 de la OIT sobre las migraciones internacionales en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes.
- Exigimos el pleno reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales para todos los/as trabajadores/as migrantes, así como la adopción de medidas que refuercen la igualdad de acceso a todos los sectores de ocupación. Exigimos la eliminación de trabas administrativas que dificulten el mantenimiento de la regularidad documental y el reconocimiento de títulos académicos obtenidos en el país de origen.
- Exigimos el reconocimiento del derecho al voto a los/as trabajadores/as inmigrantes y de su derecho a una participación social plena.
- Exigimos la adopción de medidas, para que quienes han contribuido al enriquecimiento de esta sociedad desde el trabajo en los sectores más precarios, no vean aún más debilitada su posición en los actuales momentos de crisis.
- Exigimos que no se introduzcan en la legislación española las medidas restrictivas de derechos contempladas en la directiva de la vergüenza, ni otras como el recorte del derecho a la reagrupación familiar.
- Animamos al Gobierno español a aprovechar la coyuntura de reforma de la ley de asilo para reforzar, en coherencia con su papel de garante de los derechos humanos y con nuestra memoria histórica, su compromiso con la institución del refugio.
- Exigimos que la regulación de los derechos de los/as trabajadores/as inmigrantes se realice de acuerdo a los derechos humanos inherentes a todas las personas.
Por el derecho a tener plenos derechos: exigimos una ciudadanía universal por la que todas las personas reciban un trato igualitario, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión, origen, edad, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
SE ADHIEREN EL MANIFIESTO:
ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA. MOC,
ALTERNATIVA SÍ SE PUEDE POR TENERIFE,
ASOCIACIÓN CANARIA DE ECONOMÍA ALTERNATIVA,
ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL ACHANKARA,
ASOCIACIÓN DE PERUANOS INTI-RAINI,
ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE SENEGALESES (SERERES) DE CANARIAS
CARITAS DIOCESANA DE CANARIAS,
CEAR CANARIAS,
CENTRO LOYOLA
CGT LAS PALMAS,
ENTRECULTURAS LAS PALMAS
HOAC
LAS PALMAS ACOGE,
MUNDO SIN GUERRAS (CANARIAS)
SECRETARÍA DE MIGRACIONES CC.OO. CANARIAS
SOCIEDAD Y JUSTICIA
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
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